El 17 de marzo de 2026, el Ministerio de Capital Humano anunció oficialmente el cierre del programa Volver al Trabajo (VAT), con fecha de finalización el 9 de abril. La medida implica el cese del pago mensual de $78.000 para cerca de 900.000 personas y su reemplazo por un sistema de vouchers de capacitación laboral. Es, en la práctica, el acta de defunción del Potenciar Trabajo: el plan social más grande y más polémico de la Argentina reciente.
Los beneficiarios ya comenzaron a recibir notificaciones a través de la aplicación Mi Argentina y por correo electrónico, donde se les informa la fecha de cierre y la posibilidad de sumarse al nuevo esquema. Quienes no realicen ninguna acción perderán el beneficio sin posibilidad de reincorporación, según adelantaron fuentes oficiales.
De dónde viene este programa y por qué se cierra ahora
El Potenciar Trabajo nació en 2020, durante la gestión de Alberto Fernández, como una fusión de planes anteriores bajo la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. En su pico llegó a tener más de 1,3 millones de beneficiarios, con una fuerte presencia de organizaciones sociales como intermediarias entre el Estado y los titulares del plan.
Cuando Javier Milei asumió en diciembre de 2023, una de las primeras decisiones de Sandra Pettovello al frente de Capital Humano fue congelar el Potenciar, eliminar la intermediación de los movimientos sociales y rediseñar el esquema. El programa fue dividido en dos grupos: cerca de 900.000 personas bajo el nuevo programa Volver al Trabajo —orientadas a la inserción laboral— y unas 300.000 bajo el programa Acompañamiento Social, destinado a quienes tienen mayores dificultades estructurales para emplearse, como adultos mayores o madres con cuatro o más hijos.
Desde el inicio, el Gobierno fijó un plazo de 24 meses para sostener el esquema del VAT. Ese período vence en abril. La decisión, según fuentes oficiales, siempre fue no prorrogarlo.
Quiénes se ven afectados y quiénes no
La baja no es universal. Solo el grupo Volver al Trabajo —las casi 900.000 personas consideradas en condiciones de insertarse en el mercado laboral— pierde el pago mensual. El grupo de Acompañamiento Social, de unas 300.000 personas, mantiene su asistencia sin cambios por ahora.
Dentro del propio universo del VAT, el Gobierno reconoce que no todos optarán por el sistema de vouchers. Una parte de los beneficiarios ya trabaja en la informalidad y el plan funciona, en la práctica, como un complemento de ingresos. Otro segmento podría simplemente no adherir. El oficialismo sostiene que, en ese contexto, la transferencia de $78.000 mensuales no cumple ningún rol de inserción laboral y que sostenerla representa un gasto sin contraprestación verificable.
Cómo funciona el nuevo sistema de vouchers
El esquema que reemplaza al VAT está basado en tres principios: elección, asistencia y articulación con el sector privado.
Cada beneficiario que decida sumarse recibirá un voucher para seleccionar un curso dentro de una red federal de centros de capacitación habilitados por el Estado. La asistencia es obligatoria: quienes abandonen el trayecto pierden el acceso de manera definitiva. El financiamiento va directamente al beneficiario, no a la institución, y las empresas y entidades formativas son las encargadas de los contenidos.
El Ministerio trabaja en una red federal de instituciones con ofertas adaptadas a las necesidades productivas de cada provincia, aunque la cobertura efectiva de esa red todavía no fue detallada públicamente. Ese es uno de los puntos más cuestionados por especialistas en política social: la capacidad real del sistema para absorber a cientos de miles de personas de manera simultánea.
El impacto fiscal y el debate de fondo
La eliminación de los planes tiene un efecto fiscal concreto. La baja de cerca de 900.000 beneficios de $78.000 mensuales representa un ahorro potencial cercano a los $60.000 millones por mes, aunque ese número final dependerá de cuántos beneficiarios se incorporen al nuevo sistema de vouchers, que también tendrá un costo para el Estado.
Parte de esos recursos será redirigida a financiar las capacitaciones y a reforzar políticas educativas, con foco en sectores vulnerables. El Gobierno sostiene que también se fortalecerán herramientas como la Asignación Universal por Hijo y los programas alimentarios.
El debate de fondo es más profundo que el fiscal. El modelo de transferencias directas —criticado por consolidar intermediaciones y no generar inserción laboral sostenida— es reemplazado por uno condicionado a la formación. La periodista Cecilia Boufflet describió el esquema actual como "una especie de seguro de desempleo" para casi 900.000 personas. El Gobierno apuesta a que la capacitación, y no el ingreso garantizado, sea el motor de movilidad social. Los críticos advierten que ese modelo funciona solo si la oferta de formación llega a tiempo, tiene calidad y se traduce en empleo real.
Qué tiene que hacer un beneficiario a partir de ahora
Quienes están dentro del programa Volver al Trabajo y quieran continuar dentro de algún esquema de asistencia deben:
Primero, revisar la notificación recibida en Mi Argentina o en su correo electrónico, donde figura su situación particular. Segundo, manifestar el interés de capacitarse dentro del plazo indicado. Tercero, seleccionar un curso dentro de la red habilitada y comenzar la asistencia obligatoria.
Quienes no realicen ningún paso antes del 9 de abril perderán el beneficio sin posibilidad de reingreso. El último pago del plan está previsto para ese mes.
Comentarios
💬 Iniciar sesión para comentar💬 Sumate a la conversación e iniciá sesión para comentar.